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Movimiento Sin Plomo: Una lucha continua por justicia


Por Carlos Molina.

Observador Juvenil/Kaos en la Red.

Record_de_la_muerteEl 9 de marzo de 2005, miembros del Comité Ambiental del Sitio del Niño, en el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, denunciaron en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) que unas 7,250 personas, habitantes de seis comunidades de la zona, estaban siendo afectadas por la contaminación generada en la fábrica Baterías de El Salvador, S.A. de C.V, conocida como Baterías Record.

Los materiales que utiliza esta empresa para la elaboración de baterías, entre ellos plomo y ácido, son altamente tóxicos y muy nocivos para la salud humana. El hallazgo de grados de saturación de un 300% de plomo en las aguas residuales de la empresa, confirmado en el informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue una de las principales quejas que las comunidades aledañas a la fábrica -Nuevo Sitio, Joya de Cerén, Nueva Candelaria, Santa Fe, Prado II, Vía París y Vía Mónaco- presentaron a la institución gubernamental.

A partir de 2002, las comunidades de la zona, a veces de forma organizada y a veces independientemente, denunciaron la contaminación ambiental y las afectaciones a la salud de adultos, niños y niñas. Entre los años 2002 y 2005 los pobladores de la zona acudieron a distintas instancias como la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, la Alcaldía Municipal de San Juan Opico, Ministerio de Trabajo, Instituto de Seguro Social Salvadoreño y la Corte de Cuentas. Fueron más los silencios que las respuestas, pero en el 2005, como fruto de diversas y contundentes presiones, incluyendo una denuncia presentada por el Comité Ambiental de Sitio del Niño a la Procuraduría de los Derechos Humanos, el gobierno conformó un equipo multidisciplinario e invitó al CDC (Centro de Control de Enfermedades) de Atlanta a realizar pruebas en la zona. El CDC-Atlanta hizo pruebas de sangre en el 100% de los 370 trabajadores de la planta y tomó muestras en la población infantil de las comunidades cercanas. Apareció que un 10% de los trabajadores tenía el nivel máximo de envenenamiento de plomo (nivel IV), 14% de ellos tenía el nivel III (un poco menor), 42% tenía el nivel II (presencia de envenenamiento) y solo 35% tenía el nivel I, que representa el nivel “aceptable” de presencia de plomo en la sangre.

Después de esto, once comunidades de la zona se organizaron en el Movimiento Sin Plomo. De esta forma lograron fortalecer todas las anteriores iniciativas. Realizaron movilizaciones de calle, un cierre de seis horas de la fábrica, denuncias a través de medios de comunicación y gestiones con distintas instancias nacionales e internacionales. Sólo conseguir acceso a la información, a documentos sobre los alcances de la contaminación, como el informe del CDC-Atlanta, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y del Instituto del Seguro Social Salvadoreño, fue una larga lucha. La información es poder y el movimiento tuvo que presionar para conseguirla de manos del gobierno, en ese entonces de Arena.

Con esta historia, las comunidades todavía no pueden abandonar su pelea. Aunque celebran el cierre de la fábrica, reconocen que no es la solución al problema. El daño ya está hecho.

Actualmente, el Movimiento Sin Plomo prepara 25 querellas por contaminación a la salud y daños individuales a la integridad física. Se darán por satisfechos y recompensados cuando, finalmente, se alcance la justicia. Por justicia, los pobladores entienden el cierre permanente de la empresa, el encarcelamiento de sus propietarios por delitos ambientales, el encarcelamiento de los funcionarios del gobierno que cometieron omisiones dolosas y/o culposas en el caso, además por supuesto, de la descontaminación de la zona y la indemnización a cada uno de los afectados.

Este ejemplo de organización es muy valioso para el pueblo salvadoreño, a pesar del camino cuesta arriba que haya supuesto para los familiares alcanzar parcialmente justicia en este país. La lucha que inicio espontáneamente y ahora se desarrolla de manera organizada es una muestra del camino para ejercer los verdaderos cambios en este país; el Movimiento Sin Plomo ha sentado un precedente en torno a la lucha en contra de las empresas que dañan a las comunidades y su medioambiente, y utilizan el aparataje legal para defender sus intereses y sus irresponsabilidades.


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