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Gobierno tiene tiempo para enmendar errores en seguridad ciudadana


Benjamín Cuéllar, Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA). Foto Diario Co Latino/Josué Parada

Por Beatriz Castillo y Silvia Orellana.

Observador Juvenil/Kaos en la Red.

La “improvisación” con la que se inició a trabajar en la seguridad ciudadana del país, en los primeros meses de gestión del gobierno de Funes, ha permitido un estancamiento en el tema y pocos resultados en sus primeros doce meses, afirman los críticos del actual gobierno.

“Encontramos una improvisación en los planes de seguridad, lo que provocó tomar acciones equivocadas”, evalúa el Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) Nelson Flores.

Aunque el coordinador ésta conciente que en un año es difícil que se pueda resolver un problema tan estructural, si no se ésta seguro de cómo actuar, la situación se complica.

Entre esas equivocaciones el coordinador señala el uso de la represión en planes ejecutados similares a la Mano Dura y el uso del ejército para las tareas propias de la Policía Nacional Civil (PNC).

“Para nosotros no se habían agotado los recursos necesarios y no era tiempo de sacar al ejército porque ellos no conocen de los mecanismos, creemos que el Presidente se dejó llevar por una medida populista” critica.

Las estadísticas incluso revelan que los homicidios y las extorsiones no se han reducido a pesar de la salida del ejército con sus nuevas facultades.

Incluso, el más reciente sondeo del Instituto de Opinión de la UCA revela que más del 60% de la población considera que la delincuencia ha aumentado con el actual gobierno y el 26.75 cree que el principal fracaso de la administración es el no combate a la delincuencia.

Sin embargo, y a pesar de las equivocaciones, el gabinete de seguridad tomó un nuevo rumbo en febrero de éste año cuando anunció la implementación de planes operativos de forma inmediata, que fueron contemplados en la política de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia.

“Vemos esos aspectos positivos como la creación de Consejos Municipales de la Violencia, claro siempre y cuando se echen andar, y vemos positivo que el mismo ministro está convencido sobre el tema de la prevención, al mismo director de la PNC apostándole a eso”, reconoce.

Nelson Flores, Coordinador del Programa de Seguridad de FESPAD. Foto Rosa Campos

En la política se ha decido también fortalecer más el trabajo de los agentes de la PNC, el equipo y dotarla la institución de mayor presupuesto.

Pero si otras instituciones relacionadas a la seguridad no aportan su cuota, el camino para alcanzar la seguridad y reducir el número de 13 personas asesinadas a diario será difícil.

“La fiscalía es una de las instituciones determinantes, y no está aportando lo necesario. No vemos que se avance en las investigaciones”, considera.

Además, tanto la PNC como fiscalía tienen responsabilidad de aportar más a la investigación científica del delito, eso debe de ser un punto de agenda en los próximos cinco años.

También la creación de un Instituto Forense y la creación de una especie de división que le de seguimiento a la investigación de los delitos por separado. Clasificarlos y dependiendo de su magnitud y características enfocar los planes y estrategias.

Incapacidad no ha permitido desarticular la violencia
Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA), opinó que el actual gobierno ha mostrado “incapacidad” y que por eso no se ha podido desarticular la violencia y delincuencial.

Tanto el ejecutivo, como el mismo gabinete de seguridad, debieron iniciar el plan de combate a la delincuencia desde el 15 de marzo y no después, dijo.

Además, para conocer cual era la situación real de la violencia y los homicidios, se tuvo que crear una comisión especial, para que el nuevo gobierno recibiera información del ex presidente (Antonio) Saca, comentó Cuéllar.

El fenómeno de la violencia en el país y los homicidios, no se resuelve, si no se tiene un plan claro y “valentía”

“Va a necesitar de recursos financieros (préstamos) de capacidades (asesores, consultores, técnicos), voluntad política (no de palabra) y valentía para tocar los grandes problemas estructurales, porque esto significa tocar cables de alta tensión” analiza Cuéllar.

Agrega que estos cabes de alta tensión, conectan con gente privilegiada “gente que tiene empresas de venta de armas o venta de seguridad privada, sólo para comenzar”, explicó. No obstante, condenó a los gobiernos anteriores por sus “políticas mercenarias” de no procurar el derecho a la seguridad ciudadana, empleo, educación, salud y estabilidad económica, propias de una sociedad democrática. “Este gobierno tiene cuatro años todavía, para realizar o enmendar sus errores en materia de seguridad y darle a la gente resultados positivos; hay que entender que el Crimen Organizado no es solamente el narcotráfico, tiene varios rostros y ámbitos que llegan hasta al Aparato de Estado”, expresó.

En cuanto al uso del ejército en tareas de seguridad pública, Cuéllar consideró, importante recordar que la militarización a lo largo de la historia salvadoreña ha implicado considerables violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos.

“Ya hemos visto en los medios de comunicación denuncias sobre el uso de la fuerza excesiva por parte de miembros del ejército, se sabe que hubo muertos, que se han dado casos de acoso injustificado contra los ciudadanos, una persona que llevaba su salario fue acusada de ser extorsionista, entonces, no se puede seguir trabajando con improvisaciones, se debe apostar a una política de seguridad de Estado”, dijo

Sin embargo, esta de acuerdo con la iniciativa del Padre José María Tojeira, de pasar al régimen de la Policía Nacional Civil, a un número de soldados para que la apoyen y vayan disminuyendo el número de militares en la calle.

Este tipo de iniciativas deberían de ser parte de las estrategias del combate a criterio del director del IDHUCA, de lo contrario el panorama se prevé poco alentador.

“Al país lo veo como una llanta de bicicleta, llena de parches en el combate a la delincuencia y para que avance el país se necesita más que una bicicleta, se debe contar con un vehículo que es el Estado y con la ciudadanía incluida”, afirmó Cuéllar.

El compromiso del gobierno del Presidente Mauricio Funes debe priorizar, dijo Cuéllar, la transición hacia un país en paz, a 20 años del al firma del Acuerdo de Ginebra que se tendrían que honrar.

“Ya casi nadie se acuerda del compromiso de pacificación firmado por los dos partidos (FMLN/ARENA) que acabaron con la guerra, que era lo elemental, pero hay signos de pregunta para los otros tres componentes: el respeto irrestricto a los derechos humanos, la democratización del país y la reconciliación nacional”, concluyó.



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