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La salud fiscal en El Salvador no es responsabilidad exclusiva del Estado


Por Saúl Díaz Ortiz.(*)

Observador Juvenil/Kaos en la Red.

El pasado jueves 10 de junio, la gremial empresarial más importante del país, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), presentó sus recomendaciones y sus condiciones para iniciar la formulación de un pacto fiscal. También plantearon las prioridades que este debe poseer en cuanto a gasto público.

En cuanto a las prioridades de gasto público que ANEP quiere establecer para el país se tiene: elevar el gasto en educación al 5% del PIB en 2020 (el año 2009 se gasto 3.2% del PIB en este rubro); incrementar del 1.7% en el 2009 al 3.3% del PIB en el 2020, el gasto público en salud; aumentar el gasto público en el tema de seguridad y elevar del 2.7% del PIB en 2009 al 3.5% en 2020 la inversión pública salvadoreña. Además de los aumentos en los montos de gasto, la gremial empresarial plantea que es necesario realizar reingenierías dentro de todas las instituciones que manejan las carteras de salud, educación y seguridad, para de esta manera obtener la máxima eficiencia posible.

El documento de propuestas también plantea como podría financiarse estos aumentos en el gasto público de tan importantes rubros. En este sentido, se plantean dos grandes fuentes de recursos: ahorro proveniente de política de austeridad en el gasto e incremento de ingresos tributarios a través de la aplicación de una serie de políticas públicas.

Para ANEP, las medidas que deben realizarse para lograr un ahorro dentro del gasto público son: aprobación de ley de transparencia y acceso a la información, modificar la ley del Presupuesto General de la Nación (eliminando el uso discrecional de los remanentes en las asignaciones presupuestarias), aprobación de ley de concesiones (estableciendo alianzas publico-privadas para administrar puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas), implementar política de austeridad (manteniendo los niveles de gasto público corriente que se tuvieron en el año 2008), racionalizar los subsidios a la energía eléctrica y gas propano, reformar integralmente el sistema del transporte público (incluyendo al subsidio entregado en este rubro), y por ultimo eficientar las licitaciones de compras públicas (a través de la presentación de ofertas en línea).

Luego de realizar estas medidas, se propone reasignar mayores recursos a las áreas prioritarias recomendadas por el gremio. De acuerdo con el documento realizado por ANEP, al finalizar el presente año se podría obtener un ahorro de US$104 millones y US$205 millones más a lo largo del periodo 2011-2014.

Hasta este punto, resulta muy difícil no estar de acuerdo con las medidas y prioridades propuestas. Analicemos entonces las recomendaciones que proponen para el aumento en los ingresos: reactivar la actividad económica (en el sentido que una mayor actividad generará mayor recaudación, sin embargo el documento no profundiza en este tema tan complejo), concesionar en alianza público-privada la administración de puertos, aeropuertos y el hotel cerro verde (propuesta en la cual no veo un incremento neto de ingresos y por tanto no debería de estar presente dentro de este grupo), ampliar la base tributaria a través de la implementación de la ley de régimen simplificado, fortalecer la recaudación fiscal a través del combate de la elusión y evasión (a mi juicio no hay profundización en esta propuesta y se estanca en lo meramente escueto), impulsar la ley de modernización laboral y el fortalecimiento técnico de la administración tributaria.

La ANEP calcula  el incremento de ingresos por todas estas medidas en US$147.3 millones para 2010 y US$1,234 millones adicionales en el periodo 2011-2014.

Además de plantear prioridades y recomendaciones, ANEP también plantea las condiciones imprescindibles bajo las cuales participaría en la formulación de un pacto fiscal: aprobación de ley de transparencia, de reforma de ley de presupuesto, de ley de concesiones y de la ley de régimen simplificado. En mi opinión, estas “condiciones imprescindibles” (por muy buenas que sean), son un grave error puesto que el pacto fiscal es, al fin y al cabo, un acuerdo en el cual nada de debe estar pre-establecido y lo único que podrían llegar a causar es un atraso y un desgaste de la figura del pacto.

El gremio de empresas representado por la ANEP olvida totalmente en este documento el rol del mismo sector privado, es decir, no menciona las responsabilidades y acciones que la empresa privada podría realizar para provocar una mayor recaudación tributaria y promover el desarrollo social.

Por ejemplo, estoy en total acuerdo (de hecho lo he plasmado en varios de mis aportes anteriores), con la aprobación de la ley de transparencia y acceso a la información pública pero también estaría de acuerdo a que ANEP, aglutinando a las empresas más grandes del país, creara un observatorio que velara por el cumplimiento de las obligaciones fiscales de sus asociados, también podría existir algún sistema de información en donde se estableciera el aporte que las socias de ANEP hacen al fisco salvadoreño (obviamente mostrando montos totales sin necesidad de nombrar empresas), entre otras acciones de la misma índole.

La llamada “cúpula empresarial”, también podría crear un sistema de fomento y divulgación de acciones de responsabilidad social empresarial de alto impacto, refiriéndome al fomento del desarrollo de iniciativas productivas, inversión en programas de educación en tecnología e idiomas en zonas rurales y demás que puedan impulsar la competitividad del país.

En este sentido, una buena salud fiscal no depende exclusivamente de medidas realizadas por el Estado, también depende de que toda la sociedad civil cumpla con sus responsabilidades pero también que realice acciones de alto impacto desde cada uno de sus campos de acción y por supuesto, esto incluye a la gran empresa privada.

(*) Economista Colaborador del Observador Juvenil.

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